La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo avala al afirmar que “el derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de sistemas democráticos y a la vez un derecho particular”. En la investigación, el autor señala que en Argentina, existen diversas disposiciones a nivel provincial y municipal, así como una serie de reglamentos que alientan a la participación ciudadana en la toma de decisiones, aunque carece de una normativa que abra todos los archivos públicos en poder del gobierno federal.
En ese sentido en nuestra provincia de Santa Fe fue tratado en sesiones ordinarias en la cámara de Diputados durante el año legislativo 2007. Luego de arduos debates y polémicas al respecto, se llegó a tratar la posibilidad de que el acceso a la información pública sea restringido. A tal punto de que para poder llegar a ella se tenga que complementar una serie de trámites administrativos y burocráticos que expliquen para que fin iba a ser utilizada dicha información.
Asimismo, el autor del informe hace hincapié en el artículo 4| de la Carta Democrática Interamericana , al establecer que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. En esa misma línea, la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó que “el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política de votación , educación y asociación, entre otros a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a ala información”.
Por su parte, el autor destaca que en términos generales, podría afirmarse que la prensa es uno de los principales usuarios de las leyes de transparencia y acceso a la información pública en los países latinoamericanos. Pero no duda en asegurar que “la falta de tradición para realizar periodismo de investigación, la visión mercantil de muchos dueños de medios de comunicación que prefieren ganancias rápidas en lugar de invertir en profesionalismo informativo y la falta de garantías jurídicas para el ejercicio libre de las libertades de expresión e información propician una subtitulazión de estas leyes como herramientas para ejercer una labor de escrutinio público y seguimiento de la función pública en beneficio de la sociedad.
Paralelamente, del otro lado del océano los países que cuentan con democracias consolidadas disponen de protección estatal para realizar sus funciones y en general solo encuentran freno en la ética. Del mismo modo como en Europa existe una especie de aval para el libre ejercicio de prensa, en Latinoamérica son cada vez mas los reporteros que viven bajo estado de amenaza de muerte ya sea por parte de sus propios gobiernos como así también de grupos allegados a este que utilizan a menudo sus medios de presión y coacción hacia los trabajadores de prensa.
Para el autor, el hecho de que los medios han vivido largas etapas de censura abierta, y aún cuando todo los países de Latinoamérica (excepto Cuba) cuentan con procesos democráticos en general la libertad de expresión no ha mejorado sustancialmente.
Un claro ejemplo de este resabio es que hasta el 2001 al menos 17 países latinoamericanos sostenían en vigor leyes de desacato, otras acciones judiciales contra la difamación, la calumnia y la invasión de vida privada son observadas mas como mecanismo de intimidación contra la prensa.
Por otra parte, la figura que mas ha crecido en términos éticos y editoriales fue la del defensor del lector que surgió en Brazil en 1989 en el periódico Folha de San Pablo, que tomó los ejemplos del diario español El País y el norteamericano The Washitong Post. Paralelamente, posteriori a esta investigación en nuestro país surge a través de Nelson Castro como defensor del lector en el diario Perfil.
Después de Brasil el país que cuenta con mas defensores de lectores le sigue Colombia quien es el único que ha creado la figura del defensor del televidente aunque no como resultado de una conciencia ética de los medios sino de un ordenamiento jurídico la Ley de televisión 335 que se le impone a la televisión privada.
En su conclusión final el autor español de la investigación Gerardo Albarrán de Alba, hace especial hincapié en la connivencia histórica de muchos medios de comunicación cuyos intereses extra periodístico, muchas veces vinculados a grupos de poder político y cada vez mas económico han condicionado la labor informativa.

En el video puede verse la recriminación que le realiza el ex piquetero al grupo clarín respecto a la manipulación informativa en torno a la cobertura mediática de la crisis del campo. Posteriormente, el propio Delia cargar duro contra el “monopolio del grupo Clarín de ponerse en contra del gobierno porque este le habría bajado el pulgar a la hora de poder quedarse con el manejo de la empresa Telecom”.
Del mismo modo, el autor evidencia que la prensa en nuestro continente graves caídas en su credibilidad entre la población general.
Sin embargo destaca índices alentadores principalmente la mayor implicancia de grupos sociales en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas de gubernamentales. Del mismo modo para que la prensa tome el papel de interlocutor entre el poder político y la sociedad. En la misma línea, en el informe aparece el déficit legislativo en materia de libertad de expresión y acceso a la información indispensable para la consolidación de los procesos de democratización que vive la región.
Nuestro país vive días convulsionados en torno a la libertad de expresión y hasta los medios fueron cuestionados desde el Gobierno nacional por el manejo de la información.
Paralelamente, la UBA emitió un comunicado donde cuestiona el manejo de la información en la semana en que ocurrió la crisis del campo y los cacerolazos.
Evidentemente, en nuestro país la libertad de expresión no goza de buena salud, mientras que continúan diversos intereses en juego los principales damnificados seguirán siendo los ciudadanos.