El miércoles 18 de mayo se dio a conocer públicamente que la justicia declaró inconstitucional la llamada ley espía, que hubiera obligado a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones a captar, conservar y eventualmente derivar a la SIDE los contenidos y la información relacionada a las comunicaciones realizadas a través de sus prestaciones. El Poder Ejecutivo suspendia "transitoriamente" el polémico decreto 1563.

“No puede habilitarse la intromisión y/o registro de datos privados bajo la argumentación de una prevención o posible investigación posterior”, señalaba el juez en lo contencioso administrativo federal Guillermo Rossi, al fundamentar su resolución. Y agregaba: “La Constitución Nacional estableció la garantía de la inviolabilidad del ámbito de las actividades privadas (artículo 19) y la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados (artículo 18). Por ello, se concluye que las normas impugnadas en la causa constituyen una inconstitucional intromisión en los aspectos vedados”. El juez Rossi había hecho lugar a un reclamo de inconstitucionalidad por parte de Cabase, la cámara que nuclea a los proveedores de acceso a Internet.

Sin embargo, los abogados del Gobierno decidieron apelar la medida judicial que declara inconstitucional la polémica ley. La semana próxima, Cabase enviará una carta abierta a Kirchner en la cual le solicitarán que "instruya a los abogados del Estado nacional a consentir la sentencia dictada en primera instancia", dice la misiva.

Fuente: U24